El mercado de arrendamiento de viviendas en Colombia experimentará un ajuste significativo en 2025, influenciado por la inflación registrada en 2024. Según la Ley 820 de 2003, el incremento máximo permitido en los cánones de arrendamiento está directamente relacionado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Para 2025, este aumento será del 5,20%, correspondiente a la inflación de 2024.
Cálculo del Incremento en el Arriendo
El ajuste en el valor del arriendo se aplica únicamente a contratos de vivienda urbana que hayan cumplido un año de vigencia. Es importante destacar que este incremento no puede exceder el 1% del valor comercial del inmueble arrendado.
A continuación, se presenta una tabla con ejemplos de cómo se reflejaría este incremento en diferentes valores de arriendo mensual:
Consideraciones Importantes
- Aplicación del Incremento: El aumento solo puede efectuarse al cumplirse un año de ejecución del contrato o desde el último ajuste realizado, no de manera automática en enero.
- Límites Legales: El incremento no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble arrendado.
Impacto en el Mercado Inmobiliario
Este ajuste afectará a una parte significativa de la población, considerando que aproximadamente el 40,3% de los hogares colombianos viven en arriendo, lo que equivale a cerca de 7 millones de familias. La mayoría de estos hogares se encuentran en los estratos 1, 2 y 3, que concentran el 89% de los arrendatarios.
Recomendaciones para Arrendatarios y Propietarios
- Formalización de Contratos: Es aconsejable realizar contratos escritos con profesionales inmobiliarios para proteger los derechos de ambas partes y evitar posibles abusos.
- Revisión de Condiciones: Tanto arrendadores como arrendatarios deben revisar las condiciones pactadas en el contrato respecto a incrementos y asegurarse de que se ajusten a la normativa vigente.
En resumen, el incremento del 5,20% en los arriendos para 2025 refleja la inflación del año anterior y está regulado por la Ley 820 de 2003. Es fundamental que ambas partes en un contrato de arrendamiento estén informadas y cumplan con las disposiciones legales para garantizar una relación justa y transparente.
